El pasado 5 de septiembre del 2019 en la ciudad de Nuevo Laredo, se presento el caso de la ejecución de 8 personas que varios reclaman no eran delincuentes o culpables de lo que se les acusaba, y solo era falsos levantados por los agentes que poco después los privaron de su libertad y de su vida.
Un juez de Tamaulipas le concedió las ordenes de aprehensión a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, contra los siete agentes por su participación y responsabilidad en los diversos delitos que están relacionado con la muerte de ocho personas.
Los policías estatales acusados son José, Guadalupe, Juan, Edith, Concepción, Francisco y Urbina (apellido no dado) y están siendo acusados de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada, en relación con los hechos violentos del pasado 5 de septiembre, ocurridos en la colonia Valles de Anáhuac. Cuando inicialmente fueron descritos los sucesos por el gobierno de Tamaulipas se dio a conocer que fue un enfrentamiento y que según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo corresponden a ejecuciones extrajudiciales
“Con base en los datos de prueba recabados en la etapa de investigación, el juez de control en turno resolvió librar las órdenes de aprehensión”, informó esta tarde la PGJET en un comunicado de prensa.
El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre la suspensión temporal de los policías que reportaron los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, para facilitar la investigación iniciada por la PGJET.
Un día antes, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo comenzó a dar a conocer material para poder así respaldar su versión de que lo que sucedió en la colonia Valles de Anáhuac no fue un enfrentamiento sino la ejecución de ocho personas que fueron privadas de su libertad ilegalmente en otros lugares y un montaje para hacerlos pasar por delincuentes.
